Aunque Colombia ha experimentado un innegable avance democrático durante los últimos cuatro años, (a lo que dedicaré un artículo en siguientes entregas), la inminencia de cada ciclo presidencial nos obliga a reflexionar sobre las fracturas que emergen en la sociedad cuando se enfrenta a las urnas. La propia dinámica electoral actúa como un distractor sistémico que atrapa la atención pública en el espectáculo efímero de lo interesante, invisibilizando el debate riguroso sobre lo verdaderamente importante.
Esta distorsión no es una simple anécdota de campaña, sino el síntoma agudo de dos problemas estructurales que asfixian nuestra cultura política, en primer lugar, una profunda desorientación ciudadana producto de delegar el diagnóstico de la realidad en medios hegemónicos que mercantilizan la verdad pública, socavando la infraestructura de la democracia; y, en segundo lugar, el déficit de liderazgos nuevos a causa de la persistencia de un caudillismo transaccional dominado por clanes y apellidos que, al capturar el Estado para sus intereses a corto plazo, anula cualquier posibilidad de construir proyectos colectivos de largo aliento.
El primer gran problema estructural de nuestra cultura política radica en la incapacidad colectiva para delimitar lo que beneficia o perjudica al país, una ceguera provocada por la delegación de esta función en medios de comunicación hegemónicos. Es decir, de estar de acuerdo en al menos la primer parte de unas elecciones presidenciales: el diagnóstico del país. El ponernos de acuerdo en cuáles son los problemas del país en la dimensión (política, económica, institucional, etc.). La ausencia de este elemento ha dejado a empresas con ánimo de lucro como los encargados de este punto, sin embargo, estos están lejos de ser instituciones con vocación democrática y solo hay una mercantilización del debate mediante “likes”.
La ausencia para establecer de manera colectiva este marco para hacer un diagnóstico degrada la infraestructura epistémica de la democracia, lo que Lisa Herzog define como la “condición de posibilidad” para el autogobierno. Al carecer de un acuerdo mínimo sobre los hechos básicos, la sociedad pierde el suelo común para establecer los criterios de la verdad, quedando a merced de narrativas polarizantes que anulan cualquier diagnóstico objetivo de la realidad. Dejando que los ingeniosos titulares en estos medios orienten el debate de necesidades sociales. La complejidad de la realidad colombiana no cabe en ningún titular.
Esta distorsión mediática impacta directamente en cómo se percibe la gestión pública, la cual posee una naturaleza técnica que no puede reducirse a la espectacularidad de un titular de prensa. La operación de un Gobierno a través del aparato del Estado implica una complejidad sistémica que la ciudadanía actual no logra procesar, precisamente porque la cultura política no ha sido permeada por un marco de análisis riguroso. Con solo darle una mirada desde la sociología de Niklas Luhmann, el sistema político requiere de la reflexividad y del “espejo de la opinión pública” para observar su entorno y reducir dicha complejidad; sin embargo, cuando ese espejo está deformado por el interés comercial, el debate basado en datos y evidencia desaparece, imposibilitando que los ciudadanos distingan entre el ruido mediático y la eficacia institucional. Alguien dijo que la mitad de la resolución de un problema esta en su adecuada definición.
Estas elecciones han demostrado que esta ausencia de pedagogía en la cultura política predominante ha impedido la transición hacia una verdadera deliberación democrática. En lugar de un escenario guiado por la fuerza del mejor argumento y el procesamiento del conocimiento de los muchos para elevar la calidad de las decisiones, Colombia opera bajo lo que Achen y Bartels denominan la teoría Folk o ingenua de la democracia. Creemos falsamente que el voto es el resultado de una deliberación racional sobre políticas públicas, cuando en la práctica, ante la falta de una infraestructura que alfabetice políticamente a la población, el electorado termina guiándose por identidades de grupo, emociones y consignas simplistas, perpetuando el síntoma de una democracia sin ciudadanos informados.
El segundo problema estructural de nuestra cultura política se manifiesta en la alarmante ausencia de liderazgos legítimos, sustituidos históricamente por un caudillismo arraigado en la política de los apellidos. Lejos de desaparecer con la modernización, este fenómeno ha mutado y hoy sobrevive por fuera de las colectividades tradicionales bajo la forma de clanes políticos.
Niklas Luhmann diría que este comportamiento se diagnostica como un proceso de desdiferenciación. Esto ocurre cuando estructuras arcaicas basadas en el parentesco y los vínculos de sangre parasitan el sistema político moderno. En lugar de partidos operando bajo criterios de meritocracia e ideología, el Estado es colonizado por redes de patronazgo donde las posiciones públicas no se asignan por competencia, sino como activos para sostener una cadena de favores recíprocos. Es la espiral ascendente de lo que se ha conocido como “mermelada”.
Esta dinámica de clanes deriva directamente en lo que la teoría contemporánea denomina captura clientelar del Estado, un rasgo propio de las democracias erosionadas que autoras como Anne Applebaum han diseccionado. En este esquema, el derecho a gobernar se desvía de la competencia programática hacia el nepotismo y la asignación asimétrica de contratos y preventas. Cuando la lealtad al clan se antepone al talento o al bienestar colectivo, se produce una integración transversal o cortocircuito de la función pública. Pareciera que las elecciones se han tornado en una disputa entre clanes más que un ejercicio democrático en procura del bienestar general.
El Estado deja de responder al código del interés general y se transforma en una infraestructura privada de intercambio de beneficios. Esta distorsión destruye la legitimidad institucional y clausura la posibilidad de que emerjan liderazgos alternativos basados en el reconocimiento democrático y no en la herencia oligárquica.
El síntoma más grave de esta degradación es la primacía de la política transaccional por encima de cualquier proyecto de mediano o largo plazo. Como explican las teorías de la miopía electoral de Achen y Bartels, y los análisis de captura epistémica de Lisa Herzog, los clanes tienen un incentivo racional para mantener a la sociedad atrapada en ciclos políticos de corto plazo y beneficios inmediatos. Dado que el debate programático es sustituido por lealtades de grupo e identidades caudillistas, los gobiernos se vuelven incapaces de planificar frente a las grandes transiciones estructurales. Atrapada entre el clientelismo diario y la urgencia del titular mediático, la política colombiana renuncia a la construcción de futuro, reduciendo la democracia a una burda transacción mercantilizable en cada jornada electoral.
Ignorar estos dos problemas estructurales equivale a condenar a la democracia colombiana a convertirse en un cascarón vacío, un mero ritual electoral de legitimación procedimental desprovisto de sustancia republicana. Cuando una sociedad carece de una infraestructura epistémica para acordar la verdad y su Estado es capturado por el cortoplacismo de los clanes transaccionales, se neutraliza el control social y la capacidad preventiva de la cultura política. Este vacío institucional y ciudadano es el terreno más fértil para el surgimiento de proyectos autoritarios, totalitarios o radicales que prometen soluciones mesiánicas a la complejidad que el sistema no supo procesar.
El mayor riesgo de normalizar esta erosión silenciosa radica en una dolorosa asimetría histórica, pues la libertad y las garantías democráticas suelen desmantelarse bajo la indiferencia del presente, y la sociedad civil solo comprende el verdadero valor de la democracia cuando el autoritarismo se ha consolidado y ya es demasiado tarde para reaccionar.
Juan Gabriel Gazón